Señales destacables en materia de generación eléctrica para la próxima década, y a tener en cuenta por quienes asuman el Gobierno a fines de 2011. Limitado margen de reserva en la capacidad de generación
Crédito Foto: Francisco A. Mezzadri
El sector opera con un reducido margen de reserva de capacidad cuya solución aún no está diseñada a pesar de los largos plazos de concreción de cualquier proyecto de inversión.
La intervención profunda del Estado se ha mostrado incapaz de estimular la presencia de inversores privados a riesgo propio, de gran envergadura acorde con la dimensión del mercado nacional.
Será clave responder a las urgencias de un tipo de inversión como la energética, que no puede dilatarse, y a la necesidad de planificar y actuar sobre el sendero tecnológico que distinguirá a la matriz energética argentina en el futuro.
En el momento de la gran crisis del sistema eléctrico de 2007, el déficit de capacidad instalada era de casi 4.400 MW. Si a este cálculo se adicionaban los requerimientos esperables del crecimiento de la demanda de energía, las necesidades de inversión se elevaban al equivalente a 6.800 MW hasta fines de 2009. Este cálculo incluía la reposición del margen de reserva de capacidad de generación perdida desde 2002 –algo superior al 20%- cuyo agotamiento fue un factor crucial de aquella crisis.
Proyecciones del Gobierno En una reciente presentación ante el capítulo argentino de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo, el secretario de Energía, Daniel Cameron, identificó una inversión total de diversas fuentes de 4.544,7 MW, desde 2007 hacia fines de 2010, y destacó la existencia de obras que adicionarían 1.767 MW en 2011 y 1.430 MW en 2012. El crecimiento total del parque generador sería de 7.742 MW entre 2007 y 2012.
Dado que para fines de 2012 habrán transcurrido tres años de crecimiento de la demanda en comparación con los 6.800 MW estimados para fines de 2009, puede concluirse que los planes del Gobierno acompañaron el orden de magnitud de las inversiones que habíamos estimado, pero no contemplaron la reposición plena del margen de reserva del 20% de la capacidad instalada, lo cual mantiene la precariedad operativa del sistema y es un factor de freno de la inversión en otras áreas de la economía.
Esta primera conclusión es particularmente importante, dada la tendencia creciente del deterioro del parque térmico, medido desde 2007, por el volumen de la generación térmica limitada o indisponible en pico máximo de demanda diaria, o sea en los momentos de mayor exigencia del sistema.
Si bien es posible asumir que un uso tan intenso del parque generador como el registrado por la ausencia de inversión entre 2002 y 2007 provocaría un mayor desgaste de los equipos, lo cierto es que la justificación no excusa desatender el problema de que el ritmo de crecimiento del deterioro es mayor que el del propio parque y que resolverlo supone, entre otras acciones, una mayor inversión futura para el mejor mantenimiento de los equipos.
La Secretaría de Energía y los Generadores firmaron, en noviembre de 2010, un "acuerdo para la gestión y operación de proyectos, aumento de la disponibilidad de generación térmica y adaptación de la remuneración de la generación 2008-2011".
Dos decisiones novedosas de dicho acuerdo y en el contexto de la política seguida hasta ahora, fueron: el incremento de la remuneración de la potencia puesta a disposición y el de "los valores máximos reconocidos para los costos variables de mantenimiento y otros no combustibles", lo cual redundará, probablemente, en mayor beneficio para las empresas.
Incapacidad estatal para atraer al inversor privadoLas inversiones privadas que resulten de este Acuerdo son forzadas en la medida que constituyen la única manera que tienen los generadores de recuperar la retención del Estado sobre el valor de la energía vendida desde enero de 2008 y que se prolongará hasta fin del año 2011. La devolución de dichas acreencias será en dólares, reconoce intereses sobre el capital a la tasa LIBOR de 30 días más 5%, y se abonará en cuotas mensuales durante 10 años.
Este proceder del Gobierno es otra revelación de su incapacidad para estimular proyectos privados de inversión en generación, de envergadura técnica acorde con la dimensión del mercado nacional.
El reciente Acuerdo, por ejemplo, recurrió a un método de persuasión al inversor similar al que aplicó el Gobierno hace más de 6 años, cuando la propia Secretaría de Energía reconocía que dada "la situación imperante en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) no es previsible la concurrencia en el corto plazo de capitales de riesgo que realicen las inversiones necesarias para favorecer la readaptación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), provocando además el potencial riesgo de desabastecimiento".
El corto plazo de aquel entonces ya pasó y los capitales de riesgo que parecía esperar la Secretaría no llegaron. El problema en la generación de energía es que la necesidad de invertir no admite dilaciones.
Nada quedó tampoco del propósito original de la readaptación del MEM, que se lo definía oficialmente en 2004, como "la acción de recomponer el funcionamiento regular del MEM como un mercado competitivo, con oferta suficiente, en el cual los Generadores, Distribuidores, Comercializadores, Participantes y Grandes Usuarios de energía pueden comprar y vender electricidad a precios determinados por la oferta y la demanda, sin distorsiones reglamentarias y en el marco establecido por la Ley Nº 24.065".
Si todo lo acontecido desde entonces respondió a la cuidadosa ejecución de un "modelo", ésta definición, expresada en la Resolución de la SE 1427/04, resultó un engaño oficial y un autoengaño para muchos empresarios.
Así, el riesgo de desabastecimiento fue creciendo y pasó a ser realidad en 2007. Hacia mediados de esta década se podría converger a una situación parecida, si el compromiso de inversión vinculado al acuerdo de noviembre de 2010, de aproximadamente 1.100 MW, hasta el momento, entre 2013 y 2014, los compromisos vinculados a la construcción de 900 MW de energía eólica y la construcción de la represa Chihuidos I (637 MW), en Neuquén, enfrentaran dificultades de financiamiento y tuvieran demoras de construcción.
Estos proyectos necesitarán convocar el apoyo financiero de no menos de u$s3.000 millones, y todos ellos dependerán de la capacidad de repago y de las garantías gubernamentales disponibles en cada caso.
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